Madrid, 19 nov (EFE).- La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género se personará como acusación popular en los procedimientos judiciales por asesinatos machistas cuando la comunidad autónoma en la que se hayan perpetrado no lo haga.
Esta es una de las medidas del protocolo de condena y repulsa ante asesinatos por violencia de género que ha aprobado este martes el Gobierno, a propuesta del Ministerio de Igualdad, en el Consejo de Ministros.
En este protocolo, el Ejecutivo establece el procedimiento que seguirá para condenar públicamente los feminicidios, manifestar solidaridad con las víctimas y personas allegadas y ofrecer «una respuesta unitaria y coordinada en todo el territorio español».
«El Ministerio de Igualdad remarca en este texto que los asesinatos por violencia machista son la forma más extrema de la violencia contra las mujeres y recuerda que los poderes públicos no pueden ser ajenos, por lo que considera necesario establecer un protocolo de condena y repulsa que permita dar una respuesta institucional clara, unificada y contundente», precisa el departamento de Ana Redondo en un comunicado.
Este protocolo se aplicará a través de los ministerios de Igualdad y Política Territorial, a través de las delegaciones, subdelegaciones del Gobierno y direcciones insulares de la Administración General del Estado.
En el texto se unifica el procedimiento de condena y repulsa de los feminicidios con la convocatoria de un minuto de silencio, una declaración institucional que incluya la condena de la violencia, un mensaje de solidaridad y apoyo, y el llamamiento a la unidad ante la violencia machista.
También recoge la difusión del mensaje de esa declaración en los canales oficiales de comunicación de cada institución, la coordinación con las comunidades autónomas, consells y cabildos insulares y entidades locales; así como con otras instituciones y entidades de la sociedad civil.
Este martes, y con motivo del 25 N, Día internacional de la eliminación de la violencia contra las mujeres, el Gobierno ha aprobado también una declaración institucional en la que recuerda a las 1.284 víctimas mortales de la violencia de género desde 2003, los 463 menores que han quedado huérfanos desde 2013 y los 61 niños y niñas asesinados en crímenes vicarios.
El Ejecutivo ha mostrado «su más absoluto rechazo a todas las formas de violencia contra las mujeres y niñas» y ha reiterado su «firme determinación en la consecución de una sociedad igualitaria, libre de violencia machista».
«La vergüenza no puede seguir estando de lado de quienes sufren la violencia, pues la responsabilidad es exclusivamente de los que agreden, acosan y humillan, y de quienes miran hacia otro lado, perpetuando el pacto de silencio que ampara estas conductas», se lee en la declaración institucional, en la que se solicita unidad contra esta violencia. EFE