La Legislatura de Neuquén ya tiene vía libre para reformar el Código Procesal Penal y sumar la reiterancia delictiva como causal para dictar prisión preventiva. Esta reforma habilita a que un juez de Garantías, a pedido de la fiscalía, dicte la prisión preventiva a cualquier persona a la que se le hayan formulado cargos por un delito previo, aunque no tenga condena firme.
Una reforma impulsada por el bloque del PRO pero defendida y votada por los diputados y diputadas que responden al gobernador Rolando Figueroa, a tono con las leyes de mano dura de la ministra Patricia Bullrich y el presidente Javier Milei . El Frente de Izquierda fue el único bloque que denunció esta reforma arbitraria y estigmatizante que vulnera el principio de inocencia y profundiza la criminalización de la pobreza y la protesta social. El peronismo se ausentó al momento de votar el despacho en la comisión.
Se está adelantando una posible condena y eso viola el principio de presunción de inocencia
Fernando Diez, abogado defensor e integrante de la de la Asociación Pensamiento Penal explicó la gravedad de este proyecto en dos niveles. Por un lado, la reiterancia en sí. Es decir, “la aplicación de una medida que prive de la libertad a una persona por el hecho de tener más de un legajo en curso. Se está adelantando una posible condena y eso viola el principio de presunción de inocencia», señaló.
Actualmente, según el artículo 114 del Código Procesal Penal, el juez de Garantías puede dictar la prisión preventiva, cuando el fiscal o querellante acredite que “la medida resulta indispensable por presumir que el imputado no se someterá al procedimiento (peligro de fuga)”, o que “el imputado obstaculizará la investigación (peligro de entorpecimiento)” y en tercer lugar cuando “el imputado pueda poner en riesgo la integridad de la víctima o de su familia”. Con la reforma se agrega una nueva causa: “Que exista reiterancia delictiva que se le atribuya al imputado”.
“Esta reforma legaliza la prisión preventiva sin más explicación que la reiterancia”, denunció Diez y agregó: “Pareciera obligar al fiscal a pedir la prisión preventiva en todos los casos en que haya reiterancia delictiva”.
El texto de la reforma excluye como causal de reiterancia delictiva las imputaciones de “delitos culposos o cuando provenga de hechos cometidos en el ejercicio de la libertad de expresión, o en el ejercicio de peticionar a las autoridades”. Pero aclara, que siempre y cuando “no hayan provocado lesiones a las personas o daños a la propiedad”.
Fernando Diez consideró tramposa la aclaración sobre “lesiones a las personas o daños a la propiedad” como causal de reiterancia ya que es ambiguo y “se lo podría dibujar para que la persona sea reiterante solamente por ir a protestar”.
Por su parte, Pablo Scatizza, integrante del Comité Provincial contra la Tortura coincidió que esta reforma vulnera el principio de inocencia. “Se detiene (y prisionaliza) a una persona por la mera existencia de una causa previa (sin que necesariamente tenga condena), lo que atenta contra el principio de inocencia, que establece que nadie puede ser considerado culpable hasta que no haya una sentencia firme”, afirmó.
Esto va a llevar a más hacinamiento en comisarías y cárceles
El referente del comité contra la Tortura, además, alertó que el aumento de la prisión preventiva, va a derivar en aumento de personas procesadas (sin condena), lo cual hoy ya es un problema. “Esto va a llevar a más hacinamiento en comisarías y cárceles. Hoy están sobrepobladas en casi un 30%. Con esta ley ese número se multiplicará, sin dudas”.
Desde el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos aseguraron que «es históricamente probado que las leyes que aumentan el poder punitivo del Estado no mejoran las condiciones de vida de las mayorías ni disminuyen la cantidad de delitos”.
Habilita a jueces a imponer prisión preventiva en situaciones de movilización y de reclamos colectivos
Las abogadas Natalia Hormazabal y Mariana Derni, integrantes del Ceprodh denunciaron que la figura de reiterancia delictiva “violenta la garantía del debido proceso”, que establece la Constitución Nacional y “habilita a jueces a imponer prisión preventiva en situaciones de movilización y de reclamos colectivos”.
Y aseguraron que la reforma del código penal, al igual que la baja de imputabilidad, la flagrancia, el uso de pistolas taser son parte de un plan del gobierno nacional y provincial para fortalecer el aparato represivo del Estado: “Mientras los que saquean el país y la provincia viven rodeados de privilegios e impunidad y las condiciones de vida de las mayorías trabajadoras empeoran cada día”.
Mano dura y demagogia electoral del oficialismo
Reforma del Código Procesal Penal, creación de un Consejo de Seguridad Ciudadana y nueva ley orgánica de la Policía, son algunos de los proyectos que Rolando Figueroa pidió a los bloques aliados que aprueben antes del receso de invierno de la Legislatura de Neuquén.
Luego del despacho por mayoría que obtuvo la “ley de reiterancia” y la creación del Consejo de Seguridad Ciudadana, festejó los “avances”: “Se enoje quién se enoje, vamos a trabajar para que el ciudadano común esté protegido por el Estado”.
Llenar las cárceles y comisarías ya superpobladas de Neuquén no es la salida al problema del delito
“Llenar las cárceles y comisarías ya superpobladas de Neuquén no es la salida al problema del delito y la seguridad de los vecinos y vecinas y quienes impulsan estas políticas lo saben», señaló el diputado Andrés Blanco del PTS-Frente de Izquierda Unidad y aseguró que “con estos proyectos quieren una legislación aún más punitiva para perseguir y criminalizar la pobreza y la protesta social”.
Detrás de la demagogia, en un año electoral, la agenda punitivista, de mano dura, y fortalecimiento del aparato represivo del Estado busca avanzar sobre las libertades democráticas, criminalizar la pobreza y la protesta social y desviar la atención de los problemas estructurales como pobreza, inflación, salarios, educación, salud y vivienda que afecta a las familias trabajadoras de la provincia.