El veto presidencial es una herramienta constitucional que permite al presidente de un país rechazar una ley aprobada por el Congreso. En Argentina, Javier Milei ha utilizado este mecanismo para vetar una ley de movilidad jubilatoria que había sido aprobada por amplia mayoría en ambas cámaras del Congreso. Esta ley buscaba aumentar el haber mínimo de las jubilaciones y establecer una nueva fórmula de cálculo para futuros incrementos.
Sin embargo, Milei, argumentando un supuesto impacto fiscal negativo, decidió vetarla, afirmando que el proyecto era «manifiestamente violatorio del marco jurídico vigente» y que no contemplaba el impacto fiscal ni la fuente de financiamiento.
¿Por qué es considerado antidemocrático?
El uso del veto presidencial por parte de Milei ha sido calificado de antidemocrático por varias razones. En primer lugar, el veto se aplicó a una ley que había sido aprobada por dos tercios de los votos en ambas cámaras del Congreso, lo que refleja un amplio consenso político y social en torno a la medida. Al vetar esta ley, Milei no solo ignora la voluntad del Congreso, sino que también desoye las necesidades de los sectores más vulnerables de la sociedad, como los jubilados que dependen de estos aumentos para mantener su poder adquisitivo.
Además, el veto se enmarca en un contexto de ajuste económico impulsado por el gobierno de Milei, que ha priorizado el pago de la deuda externa. Este enfoque ha llevado a una caída significativa en el poder adquisitivo de las jubilaciones, que según datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso, disminuyó un 29% en promedio en los primeros siete meses de 2024.
Desde el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) y La Izquierda Diario, se ha propuesto una serie de medidas para enfrentar el veto de Milei y defender los derechos de los jubilados. En primer lugar, se ha destacado la importancia de la movilización y la lucha en las calles, que ya ha logrado conquistas significativas como el aumento de haberes y la prórroga de la moratoria previsional. Sin embargo, se reconoce que estas medidas son solo un alivio temporal y no resuelven el problema estructural de la pérdida de poder adquisitivo de los jubilados.
El PTS ha propuesto que el haber mínimo sea equivalente a la canasta básica del adulto mayor, estimada en $1.200.523. Además, se ha planteado la implementación de una Prestación Jubilatoria Universal de carácter vitalicio para quienes no sean beneficiarios de una jubilación, pensión o retiro de carácter contributivo o no contributivo.
Finalmente, se hace un llamado a la unidad y la organización de los trabajadores y jubilados para enfrentar el ajuste del gobierno y el FMI, y se exige a las centrales sindicales que convoquen a un paro nacional en defensa de los derechos de los jubilados y contra el veto de Milei.
En resumen, el veto presidencial de Milei ha sido utilizado como una herramienta para imponer un ajuste económico que perjudica a los sectores más vulnerables, y ha sido criticado por su carácter antidemocrático. La respuesta del PTS y La Izquierda Diario ha sido clara: la lucha y la movilización son fundamentales para derrotar este veto y conquistar las reivindicaciones necesarias para mejorar las condiciones de vida de los jubilados.