El Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de San Martín N° 2 resolvió hacer lugar a la medida cautelar solicitada por el Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional – Casa Central (SEVINA). Desde Nación adelantaron que apelarán la medida. Por su parte, en la Cámara Alta buscan declarar la emergencia del Sistema Vial Nacional por dos años.
La Dirección Nacional de Vialidad quedó en el centro de una disputa política, judicial y parlamentaria luego de que la Justicia suspendiera el decreto que ordenaba su cierre, el Gobierno anunciara que apelará esa decisión, y un grupo de senadores presentara un proyecto para blindar institucionalmente al organismo vial.
El conflicto se desató tras la publicación del decreto 461/2025, mediante el cual el presidente Javier Milei dispuso la disolución de Vialidad Nacional y el traspaso de sus funciones al Ministerio de Economía y a una nueva Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte. Sin embargo, este jueves, el Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N°2 hizo lugar a una medida cautelar presentada por el Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional (SEVINA) y suspendió por seis meses la aplicación del decreto.
La jueza Martina Forns fundamentó su decisión en la ausencia de facultades delegadas por parte de la Ley Bases (Nº 27.742) para cerrar un ente autárquico como lo es Vialidad, excluido expresamente de la reorganización administrativa. Además, advirtió sobre el “riesgo cierto de un daño inminente e irreparable” en caso de aplicar la norma, al considerar posibles “traslados forzosos, desvinculaciones encubiertas o vaciamientos funcionales” que comprometerían la autonomía operativa de un organismo técnico con más de 5.500 trabajadores y 93 años de historia.
Forns también destacó la afectación de derechos laborales protegidos por convenios colectivos de trabajo. Señaló que el artículo 32 del decreto ponía en jaque la estabilidad del personal al supeditarla a decisiones futuras, lo que vulnera principios constitucionales y laborales.
Ante el fallo, el Gobierno respondió rápidamente. A través del vocero presidencial Manuel Adorni, confirmó que apelará la decisión judicial. En sus declaraciones, Adorni defendió la medida oficial aludiendo a la causa judicial conocida como “Vialidad”, por la cual fue condenada la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Según dijo, el nuevo esquema permitirá un ahorro estimado en 100 millones de dólares anuales y tendrá como objetivo evitar irregularidades en la ejecución de obras públicas.
Mientras tanto, en el plano legislativo, senadores del bloque peronista Convicción Federal presentaron un proyecto para declarar la “emergencia del Sistema Vial Nacional” por dos años. La iniciativa busca proteger a Vialidad como “ente público estratégico” y exceptuarlo de los alcances del DNU 70/2023, que habilita su transformación en sociedad anónima. Los legisladores impulsan un relevamiento del estado de las rutas, protocolos ante emergencias y mayores recursos para el mantenimiento y desarrollo de la red vial.
“La red vial es clave para el desarrollo, la conectividad y la seguridad de todos los argentinos”, expresaron los senadores, que también denunciaron la parálisis de las obras desde diciembre de 2023 y la falta de inversión del Gobierno nacional.
Así, Vialidad Nacional se transformó en un nuevo eje de tensión entre el Ejecutivo, el Poder Judicial y el Congreso, en un escenario donde confluyen el conflicto gremial, la disputa institucional y las decisiones de política pública sobre infraestructura clave para el país.