A fines de enero de este año, el gobierno nacional anunció una rebaja temporal del 20% en las retenciones a commodities, siendo el caso más relevante el de la soja, que pasó del 31% al 25%. En abril, tras varios intentos fallidos, el Ejecutivo logró que el FMI aprobara un crédito que, aunque representó un alivio financiero de corto plazo, implicó compromisos difíciles de sostener en el tiempo. Entre ellos, se incluyó la exigencia de volver a subir las retenciones, llevando la alícuota de la soja al 33% a partir del 1° de julio, un nivel que estaba habilitado por el Presupuesto 2023. Cabe recordar que durante el gobierno anterior, Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Sergio Massa mantuvieron las retenciones en el 31% como parte de un “pacto de caballeros”, evitando aplicar esa suba por considerar que no había margen político ni económico.
El 11 de abril, cuando se anunció la llegada de fondos del FMI, el presidente del Banco Central comunicó el fin de los pases remunerados y su reemplazo por las LE-FIS, una maniobra similar a la que realizó el actual ministro de Economía en 2018 al cambiar las LEBACs por las LELIQs. Sin embargo, apenas tres meses después, las LE-FIS también llegaron a su fin.
Desde el 14 de abril hasta hoy ingresaron al país U$S 15.329 millones provenientes de diversos créditos: U$S 12.000 millones del FMI, U$S 2.000 millones de un REPO con bancos internacionales, U$S 500 millones del Banco Mundial, U$S 329 millones del BID y U$S 500 millones de la CAF. A esto se suman unos U$S 1.500 millones por exportaciones liquidadas hasta este lunes. Con esos ingresos, las reservas brutas del BCRA superaron levemente los U$S 40.000 millones al cierre del viernes 18 de julio.
Sin embargo, durante ese mismo período, el gobierno gastó aproximadamente U$S 14.050 millones en intervenciones cambiarias (MEP, CCL, futuros, cripto y spot). De ese total, U$S 5.300 millones provinieron del FGS para pagar sentencias judiciales y otorgar créditos de ANSES, U$S 6.750 millones fueron fondos del FMI y U$S 2.000 millones del REPO de principios de julio.
El resultado es que en los últimos 35 días el gobierno no logró renovar deuda en pesos por cerca de $15 billones. En su “mundo ideal”, las autoridades esperaban que los bancos ofrecieran créditos al consumo con tasas bajas. Sin embargo, las tasas de los préstamos personales rondan hoy el 85% de TNA, lo que implica una TEA del 125%, volviéndolos prácticamente impagables. Alternativamente, ofrecen créditos UVA, cuyo ajuste por inflación genera cuotas imprevisibles y crecientes, lo que representa una trampa financiera para los deudores desde su creación en 2016.
El miércoles pasado, el presidente del BCRA sorprendió al reinstaurar los pases remunerados que él mismo había desechado en abril. Esta vez, con una TNA del 47% a plazos de 15, 45 y 60 días, lo que implica una TEA del 57,6% y tasas efectivas mensuales de entre 2,4% y 7%, buscando revitalizar el famoso «carry trade». Pero ni siquiera así logró absorber el 10% de la base monetaria ampliada que se liberó en el último mes y medio como resultado de la masiva emisión monetaria desde enero.
Esto ya repercute en los precios: en las últimas dos semanas, muchas listas de productos reflejan aumentos del 5 al 7%, impulsados por la suba del dólar. Como ironizó el ministro de Economía, “está barato el dólar, no te la pierdas, campeón, comprá”. Y tenía razón: el dólar subió entre $120 y $140 en el último mes, un salto cercano al 10%.
Por otra parte, esta semana el gobierno se reunió con la Mesa de Enlace, cuyos dirigentes reclamaron nuevamente la eliminación de las retenciones, tal como se habían comprometido antes de asumir. Pero una vez más, el Ejecutivo postergó cualquier definición concreta. En otras palabras, los “bolasearon”, como se dice en el barrio, y el malestar en el campo empieza a ser palpable.
Tampoco están conformes los sectores industriales. Paolo Rocca, líder de Techint, advirtió que “no se puede seguir así” y convocó a un próximo encuentro internacional en la Argentina con referentes pymes y proteccionistas, para debatir los efectos negativos de la política económica actual sobre el aparato productivo. Da la impresión de que a este gobierno el sector real de la economía le importa poco.