La izquierda asumió en marzo de 2025 sin un plan para hacerle frente a la seguridad nacional. Ya casi en agosto, y con la violencia completamente fuera de control, anuncia que recién en enero de 2026 presentará una “propuesta política” en materia de seguridad pública. Y peor aún: la hará colectivamente y para febrero del año próximo la someterán a “validación social” para decidir si la aplican o no.
Actualmente, el gobierno recién se encuentra en la segunda fase del Plan Nacional de Seguridad Pública (PNSP), denominada Encuentros por Seguridad, una “construcción colectiva” que busca integrar múltiples actores —partidos políticos, poderes del Estado, academia, expertos, organizaciones sociales, sector productivo y referentes internacionales— en el diseño del plan.
El plan cuenta con el «apoyo» de un Consejo Internacional de Observación y Cooperación, integrado por seis organismos internacionales: Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Corporación Andina de Fomento – Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), Mercado Común del Sur (MERCOSUR), Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), Organización de los Estados Americanos (OEA) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Nuevamente el Frente Amplio delega una de las responsabilidades más sensibles del Estado —la seguridad de los ciudadanos— en instituciones supranacionales que responden a intereses ajenos a los uruguayos.
Uruguay al borde del abismo
Los datos son demoledores. Uruguay duplica el promedio mundial de homicidios: entre 10 y 12 por cada 100.000 habitantes desde 2022. Montevideo lo supera ampliamente: 15,8. Barrios enteros están tomados por el narcotráfico. El crimen organizado gana terreno como en Ecuador. ¿Y qué hace el Ministerio del Interior? Organiza «encuentros por la seguridad».
| Redacción
La salud mental está devastada. La tasa de suicidios en 2024 fue de 18,8 por cada 100.000 habitantes, la más alta de América Latina. Casi la mitad de los uruguayos no se anima a caminar de noche. Solo el 35,1% de los robos se denuncia. El miedo y la impunidad mandan. Pero en lugar de acción, hay «propuestas técnicas».
El narcotráfico se infiltra sin resistencia. El crimen digital crece. Las pérdidas económicas equivalen al 2,67% del PIB. La policía, la fiscalía, el sistema judicial… todos superados. No hay capacidad investigativa. No hay liderazgo. No hay gobierno.
Quizás también te interese…
Diseñado para fracasar: Plan Nacional de Seguridad Pública
En este contexto, el Ministerio del Interior liderado por el inútil de Carlos Negro promueve un cronograma de cinco fases que posterga toda acción hasta dentro de un año. Esta es la secuencia:
Primera fase – Diagnóstico (Marzo – Junio 2025)
Elaboraron un documento técnico que expuso la gravedad extrema de la violencia y la criminalidad en Uruguay.
Solo el informe debería haber bastado para que un gobierno verdaderamente honesto comprendiera que la seguridad pública no puede esperar hasta 2026.
| Redacción
Pero no: decidieron seguir adelante con su cronograma burocrático, como si el país no estuviera colapsando.
Segunda fase – Encuentros por seguridad (Julio – Diciembre 2025)
Talleres, mesas, diálogos y validación de diagnósticos porque Carlos Negro dice querer los aportes de todos, pero aclara que el plan seguirá “aunque alguien ya no quiera aportar”. Entonces, ¿para qué los piden?
Está claro que el Frente Amplio no tiene idea de cómo diseñar un plan de seguridad pública que funcione. Desde que la izquierda llegó al poder en Uruguay, la violencia y el crimen no solo aumentaron sin freno, sino que su desastrosa gestión ha acelerado el colapso total de la seguridad nacional, tal como confirmó el propio asesor en Seguridad Pública del gobierno, Emiliano Rojido, encargado de presentar el Plan Nacional de Seguridad Pública 2025-2035.
En el Lanzamiento de los Encuentros por Seguridad, en Torre Ejecutiva, Rojido señaló: “en los últimos veinte años vemos un crecimiento generalizado de la criminalidad”, confirmando que desde que asumió el Frente Amplio en 2004, Uruguay ha acelerado el colapso de la seguridad pública. Además, reconoció que “en los últimos 20 años el presupuesto destinado a seguridad pública se ha más que duplicado”, pero que “hoy gastamos mucho más y tenemos peores resultados que hace 15 años”.
Quizás también te interese…
Estas declaraciones no solo reflejan la grave crisis que atraviesa el país, sino que implican una responsabilidad directa de la gestión frenteamplista en el deterioro de la seguridad nacional.
Tercera fase – Propuesta técnica (Julio 2025 – Enero 2026)
Esta etapa consiste en la elaboración de una propuesta “basada en evidencia”, aunque la “evidencia” que invoca el gobierno no es empírica, sino ideológica. Carlos Negro, aseguró que la propuesta del Plan comprenderá el programa de gobierno y seguirá las líneas prioritarias definidas desde el inicio de la gestión.
En materia de seguridad, el programa de gobierno del Frente Amplio propuso como acción prioritaria la definición de una política pública con enfoque preventivo, orientada a la descriminalización de la pobreza, la desprisionalización y el desarme.
Como herramienta central, en las bases programáticas estableció la elaboración del Plan de Prevención del Delito, para impulsar políticas de prevención que aborden el impacto de las ideologías neoliberales, neoconservadoras, patriarcales y coloniales, las cuales, según la izquierda, históricamente han contribuido a la desvalorización y estigmatización de los sectores populares, mujeres, personas afrodescendientes, disidencias sexuales y de género, infancias y adolescencias.
| Redacción
Para el Frente Amplio, estos son los patrones de exclusión estructural que deben ser superados para construir una seguridad democrática, basada en el respeto de los derechos humanos, la justicia social y la equidad.
El propio asesor en Seguridad Pública, Emiliano Rojido, reconoció que “Uruguay tiene una de las tasas de prisionalización cada 100 mil habitantes más altas del mundo” y afirmó sin rodeos que “la cárcel es parte del problema, no de la solución”. Sálvese quien pueda.
Cuarta fase – Propuesta política (Enero 2026)
Once meses después de asumir, recién van ofrecerle a los uruguayos una propuesta. El gobierno de Yamandú Orsi llegó al poder sin contar con una estrategia definida en lo que según Negro es “la principal preocupación desde hace décadas”.
Cuando un país está al borde del colapso, lo que se necesita es decisión política, acción inmediata y autoridad moral para imponer el orden. No se combate el crimen organizado con talleres. O son profundamente hipócritas, o tienen menos calles que Venecia.
Quizás también te interese…
Quinta fase – Validación social (Febrero 2026)
Y recién entonces, si hay consenso, se implementará algo. Si no, a esperar de nuevo. Mientras tanto, Uruguay sigue hundiéndose en la inseguridad, víctima de la inacción y la burocracia de los partidos políticos.
Como advirtió el asesor en Seguridad Pública, Emiliano Rojido:
«Un país que está gastando recursos económicos en revertir la situación, que tiene una preocupación ciudadana muy importante en los problemas de seguridad, que genera cambios políticos y rotación de los partidos políticos en el gobierno para dar respuestas y que no lo consigue, se expone a la aparición de soluciones “antidemocráticas”. Cuando la democracia no logra los resultados básicos, como es la seguridad que es una función constitutiva del Estado, si el sistema político no logra dar respuestas aparecen estas tentaciones y estos pensamientos “mágicos”».
Lo cierto es que, con un panorama tan desastroso, cómo se adjetive la solución resulta irrelevante.