En diálogo con Canal E, el abogado previsionalista Norberto Markarián analizó el impacto legal y político del aumento del 84% en las jubilaciones públicas de Córdoba, una medida que, advirtió, “va a generar un efecto dominó en todo el país”.
Córdoba: fallo de la Corte, fondos y suba histórica
«El gobierno de Córdoba va a recibir este año 60.000 millones de pesos en 12 cuotas de 6.000 millones, producto de un juicio ganado a la Nación«, explicó el entrevistado. A partir de esa resolución de la Corte Suprema, el gobernador Martín Llaryora decidió implementar un aumento del 84% en las jubilaciones mínimas provinciales, que pasarán de $380.000 a $700.000 mensuales.
Además, «los jubilados que cobran hasta $1.300.000 recibirán un bono bimestral de $100.000«, lo que implica $50.000 adicionales cada mes por el resto del año. El impacto alcanza a 57.000 beneficiarios, todos jubilados del sistema provincial.
«El efecto dominó ya empezó, porque esta medida generó una enorme expectativa entre jubilados de otras provincias«, afirmó el letrado. Recordó que hay al menos 13 provincias con cajas no transferidas a la Nación que también podrían iniciar reclamos similares.
Implicancias legales y la reacción nacional
Consultado sobre qué ocurriría si el Estado nacional incumple con los pagos, Markarián fue tajante: «Sería un caso claro de desobediencia judicial, y los jubilados podrían presentar recursos de amparo«. Además, anticipó que el daño económico sería mayor: «No solo deberían pagar lo adeudado, también intereses, daño moral… es mucho«.
El aumento en Córdoba ocurre en un contexto tenso: «La Nación pretende vetar incluso el exiguo aumento del 7% que se había planteado a nivel nacional«, subrayó, destacando la disparidad entre jurisdicciones.
«Esta medida descontroló todo el sistema previsional. Tengo entre 3.000 y 5.000 juicios activos y los jubilados me preguntan si a ellos les corresponde algo«, dijo. Sin embargo, aclaró que este beneficio no tiene relación con juicios previsionales individuales, sino con una deuda del Estado nacional con la provincia.
Respecto a los aportes, defendió la posición cordobesa: «Estos jubilados no tienen privilegios. Aportaron más que el 11%, como ocurre con judiciales y docentes«. Por eso, calificó la medida como una conquista legítima, aunque lamentó la desigualdad que genera.
«Si no se cumplen los pagos, el gobernador ya dijo que no puede sostener el aumento, porque está condicionado a la llegada de esos fondos«, advirtió. Para Markarián, la decisión fue políticamente oportuna, pero el trasfondo revela una crisis estructural del sistema previsional argentino.