El mercado argentino de telecomunicaciones se encuentra en un punto de inflexión. Luego que la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) objetara la adquisición de Movistar por parte de Telecom Argentina (una transacción valorada en 1.245 millones de dólares), el Poder Ejecutivo publicó el Decreto 433/2025.
Esta norma introduce modificaciones clave en las leyes 26.522 (Servicios de Comunicación Audiovisual) y 27.078 (Argentina Digital) con el fin de fomentar la competencia, abrir redes y suprimir barreras de entrada para nuevos actores.
El decreto, publicado en el Boletín Oficial, redefine el marco legal de las telecomunicaciones, destacándose los siguientes cambios:
- Reclasificación de los servicios TIC, que ahora incluyen la radiodifusión por suscripción, independientemente del medio.
- Implantación obligatoria de la apertura de redes a terceros bajo condiciones reguladas.
- Fortalecimiento de la neutralidad de red, impidiendo que cualquier operador condicione, limite o discrimine el acceso a su infraestructura.
- Eliminación del proceso de oposición ante el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) para cooperativas y operadores móviles virtuales (OMV).
- Integración de los servicios TIC satelitales al régimen general, revocando excepciones que beneficiaban a grandes operadores.
El decreto también reafirma el rol del Enacom como autoridad de aplicación, responsable de fiscalizar el cumplimiento de estas nuevas normativas. Según el abogado especialista en telecomunicaciones Agustín Garzón, «el decreto busca desregular y generar una mayor competencia, lo que en última instancia beneficia a los usuarios al ampliar la oferta de prestadores».
La neutralidad de red, eje del debate
Uno de los aspectos más significativos del Decreto 433/25 es la aplicación efectiva del principio de neutralidad de red. Este principio obliga a los operadores a abrir sus redes a terceros sin discriminar el tráfico, el contenido o las condiciones de acceso.
El dictamen de la CNDC se fundamenta en este principio, señalando que la empresa resultante de la fusión de Movistar y Telecom, sin restricciones, podría limitar el acceso de OMV o cooperativas a la red, o imponer precios discriminatorios que distorsionen el mercado.
En este sentido, el decreto prohíbe el uso exclusivo o excluyente de infraestructuras y garantiza el derecho de otros prestadores a acceder a las redes ya desplegadas, incluyendo las de fibra que Telecom heredaría de la operación.
Operación bajo escrutinio oficial
El 19 de junio, la CNDC emitió una resolución objetando la compra de Movistar por parte de Telecom, activando el procedimiento establecido en la Ley 27.442 de Defensa de la Competencia. El dictamen técnico indica que la operación consolidaría una posición dominante en:
- Telefonía móvil: 65,2% de las líneas activas.
- Tráfico de voz móvil: 66,7%.
- Consumo de datos móviles: 68,9%.
- Banda ancha fija: más del 58% de los accesos.
- TV por suscripción: más del 60% a nivel nacional.
La CNDC considera que esta estructura podría propiciar prácticas anticompetitivas, como el bloqueo de acceso a redes, el empaquetamiento forzado, el uso cruzado de poder de mercado y el aumento de las barreras de entrada. También alerta sobre un posible «retroceso competitivo estructural» que afectaría tanto a actores regionales como a la diversidad de prestadores.
La fusión superaría el 70% de cuota combinada en diez provincias, con picos en Jujuy, Misiones, Corrientes y Formosa. Solo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Claro mantiene una posición dominante.
Telecom tiene hasta el 14 de julio para presentar propuestas de compromiso o medidas correctivas. Según el documento de la empresa ante la CNV, se convocará a una audiencia especial para discutir posibles soluciones.
Entre los escenarios que se evalúan en el sector, se encuentran:
- Desinversión de activos o espectro: similar a la fusión Cablevisión-Telecom, aunque con un impacto limitado.
- Apertura de la red de fibra heredada de Telefónica: bajo el reglamento de infraestructura que rige a los operadores.
- Devolución progresiva de espectro excedente: con riesgo de saturación de red, a menos que Arsat opere como mayorista neutral.
También se contempla la posibilidad de permitir el ingreso de OMV bajo tarifas mayoristas reguladas, en concordancia con el nuevo marco legal.
Para el ingeniero Miguel Ángel Pesado, expresidente del Consejo Profesional de Ingeniería de Telecomunicaciones (Copitec), «la objeción de la CNDC busca mitigar los posibles abusos en el uso del espectro radioeléctrico por parte de la nueva empresa resultante de la operación».
Mayor protagonismo para cooperativas y OMV
Uno de los cambios más significativos del Decreto 433/25 es la eliminación de barreras regulatorias para cooperativas, mutuales y operadores móviles virtuales , que actualmente prestan servicios en más de 1.400 localidades sin cobertura de los grandes operadores.
Con la nueva normativa, podrán obtener licencias TIC sin la oposición previa de los incumbentes y se les garantizará el acceso a las redes existentes, incluyendo nodos de fibra, torres y capacidad de transporte. Además, los operadores deberán ofrecer tarifas mayoristas reguladas y se prohíben los subsidios cruzados que puedan distorsionar la competencia.
Inicialmente, esta medida busca expandir la conectividad en áreas rurales o periféricas, donde las grandes empresas no invierten debido a la baja rentabilidad. Asimismo, promueve la diversificación de servicios y modelos de negocio más personalizados.
El abogado Agustín Siboldi, socio del Estudio O’Farrell, advirtió que «Argentina tiene un serio déficit en la implementación de leyes como la de defensa de la competencia». Agregó que, hasta ahora, muchos proyectos se estancan a nivel municipal: «Permisos, tasas y restricciones locales generan costos millonarios y riesgos legales que desalientan las inversiones. Es un problema que arrastramos desde hace décadas».
Un mercado que necesita nuevas reglas
Según datos del sector presentados en el último Internet Day organizado por la Cámara de Internet (Cabase), Argentina cuenta actualmente con 11,9 millones de hogares conectados a internet, 64 millones de accesos móviles y 6,4 millones de líneas fijas activas. El 80% de las conexiones de banda ancha fija superan los 30 Mbps, y el 41% de la banda ancha fija es por fibra al hogar, aunque aún existen zonas con cobre.
Sin embargo, los ingresos del sector han disminuido en términos reales y los desafíos de inversión son crecientes: el reemplazo del cobre, el despliegue de 5G, la expansión de redes troncales y la presión fiscal provincial, que en algunas jurisdicciones grava la conectividad con alícuotas de hasta el 5,5%, según un relevamiento de Cabase y la Universidad Nacional de La Plata.