El número de personas que trabajan de manera informal creció hasta 36,7 por ciento del total de la población económicamente activa en el país y 6 de cada 10 trabajadores no registrados son pobres. De estos, la mayoría son jóvenes, el 59 por ciento tiene un salario mensual inferior a la canasta básica y el 63 por ciento vive en un hogar pobre, según un informe de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
En el tercer trimestre de 2024 aumentó el empleo informal comparado con el mismo periodo del año pasado. Además, casi 4 de cada 10 trabajadores en relación de dependencia no están cubiertos por la legislación de la seguridad social y las instituciones laborales, detalla la investigación.
«Tener un puesto de trabajo en Argentina no es un reaseguro para vivir fuera de la pobreza«, señala el documento publicado por el Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA.
En la comparación entre el ingreso mensual con el valor de la canasta básica que mide la línea de pobreza individual, el 59 por ciento de los asalariados informales recibe un salario por debajo del valor del grupo de productos y servicios que se consideran esenciales para el bienestar y la subsistencia: según el Indec esta canasta fue de 1.001.466 pesos en noviembre pasado. Por su parte, entre los trabajadores formales, el número de pobres se ajusta al 8 por ciento del total.
«La asociación entre informalidad y bajos salarios también se refleja en otra dimensión relevante: el fenómeno del trabajador pobre. Esto es, personas que aun teniendo un puesto de trabajo viven en situación de pobreza. En el segundo trimestre de 2024, 40 por ciento de los asalariados vivían en un hogar pobre. Sin embargo, este valor ascendía a 63 por ciento entre los informales«, destaca el informe.
Los datos indican por los menos dos fenómenos: la tendencia al alza del empleo no registrado y trabajadores que dentro de la formalidad no llegan a fin de mes. Este último dato tiene asociada otra complejidad: por la caída del poder adquisitivo, crece el porcentaje de trabajadores que se desempeñan en dos o más empleos. Esto se vio reflejado en las últimas estadísticas de empleo que publicó recientemente el Indec: 17,8 por ciento de la población activa, unos 3.500.000 personas a nivel país, buscan otra fuente de ingresos.
«En general el incremento de la informalidad está asociado históricamente a pequeñas unidades productivas cuya escala no les permite la registración porque les impide directamente el desarrollo del negocio. En el caso de las empresas más grandes está vinculado a la evasión impositiva. Y por último, también está relacionado a la tercierización», puntualizó a Página/12 el economista y director de Cepa, Hernán Letcher.
El sector más perjudicado por la precariedad son los jóvenes. Para el segundo trimestre de 2024 era de 64 por ciento, 28 puntos porcentuales más elevada que la tasa global: 6 de cada 10 jóvenes que trabajan en relación de dependencia no está cubierto por la normativa laboral y la seguridad social.
«En promedio, la penalidad por informalidad es del orden del 46 por ciento. Esto quiere decir que si un asalariado formal obtiene un salario mensual de 100 pesos, un trabajador informal con igual nivel educativo, igual edad, en la misma región, trabajando en la misma rama de actividad y en una empresa de igual tamaño, obtendrá una remuneración mensual de 54 pesos», advierte el informe.
En el contexto actual de retracción heterogénea de la actividad económica y de normativas como la Ley Bases que eliminan las multas y consagra la figura del colaborador «se promueve la no sanción del incumplimiento de la registración y con ello se estimula la informalidad y precarización vía subcontratación o monotributo. A esto se le agrega que cuando aumenta la desocupación la persona que no puede reingresar al mercado laboral, por ejemplo, empieza a vender en una feria», sostuvo Letcher.
La tasa de informalidad asalariada total es más alta entre las mujeres con 38,9 por ciento, 5 por ciento más que en los hombres. “Sin embargo, dada la mayor proporción de hombres en el total del empleo asalariado (54%), éstos dan cuenta del 51 por ciento de la informalidad asalariada total”, afirma el IIEP.
«El Gobierno tiene una responsabilidad muy grande en el crecimiento de esta ilegalidad, porque eliminó las indemnizaciones agravadas para aquellas personas que son despedidas y su relación laboral no estaba registrada. Es indudable que, suprimiendo la sanción, la conducta elusiva aumenta. Hasta por una cuestión de competencia entre empresarios, los que cumplen quedan en desventaja respecto a los que no cumplen y no tienen consecuencias por ello», analizó Matías Cremonte, presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas, en Página/12.
En la segmentación por franjas etarias, el grupo de trabajadores asalariados de entre 45 y 64 años (60 años en el caso de las mujeres) es el que experimenta la tasa de informalidad más baja: 27,5 por ciento. Le sigue el universo de entre 25 y 44 años con 34,4 por ciento. Mientras que el de 65 años y más (60 años en las mujeres) llegó al 47,9 por ciento.
El crecimiento de la tasa de empleo sin registrar está en cifras iguales al tercer trimestre de 2008, agrega el IIEP. «El trabajo no registrado es una ilegalidad que cometen los empleadores. Lleva varias décadas de crecimiento sostenido, por lo que no puede atribuirse a un gobierno en particular pero eso no significa que los Estados no sean los principales responsables: deben inspeccionar los lugares de trabajo y garantizar que todos los empleadores cumplan con las leyes laborales. Los sindicatos también deberían cumplir un importante rol en este aspecto», consideró Cremonte.
Y agregó: «En el único caso en el que, frente a la existencia de un delito, el Gobierno de Milei plantea la eliminación de la pena como forma de combatirlo es en el del mercado del laboral. Claramente, por su sesgo ideológico, sólo lo propone porque las víctimas de este delito son trabajadores y trabajadoras».